Ya lo decía el sabio filósofo Platón "Yo declaro que la justicia no es si no la conveniencia del más fuerte". Y decía bien. El discípulo de Sócrates podría haber descrito con esta frase la situación que se vive en la Justicia española. Una justicia, a veces injusta, que esconde bajo su venda unos ojos que parecen ver pero no mirar.
Aunque parezca sorprendente, dos mil años después hay casos en los que la ley sonríe al más fuerte. El pasado mes de abril, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz fue condenado a siete años de prisión por blanqueo de capitales continuado y cohecho pasivo. Los Tribunales dictaminaron su inmediato ingreso en la cárcel como medida preventiva, después de que la Fiscalía Anticorrupción considerase que el ex alcalde de Marbella podría fugarse por el número de procedimientos que tiene abiertos o volver a delinquir. Una medida extrema que se tomó inmediatamente después de conocer la sentencia. Ya en el año 2006 Julián Muñoz tuvo literalmente que ingresar en prisión "con lo puesto" sin contar con la posibilidad de eludir bajo fianza.
Al otro lado de la balanza, una conocida cadena de televisión española fue condenada hace unos meses a pagar 75.000 euros y a emitir la sentencia y su rotulación por escrito, por difundir unas imágenes del ex alcalde de Marbella que habían sido sustraídas y emitidas sin su consentimiento durante su detención. Estas imágenes fueron realizadas por la policía a exclusivos efectos de la ficha de antecedentes, es por ello que no podían ver la luz. En la sentencia, el juez se llegó a cuestionar cómo pudieron llegar esas fotos a la cadena, teniendo en cuenta que pertenecían a la esfera de su intimidad y estaban custodiadas en comisaría por funcionarios públicos. Es por ello que el juez manifiesta en su sentencia que esto es un delito perseguible de oficio. A pesar de que intermediaron dos requerimientos judiciales la sentencia todavía no se ha llegado a emitir. Según manifiesta el Ministerio Fiscal en su último informe, la publicación podría haber causado un grave daño a la cadena si la sentencia se hubiese cumplido y hubiera acabado estimada la apelación.
Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es más valioso, los días de prisión que pueda pasar un reo sin tener todavía condena firme, o que se emita una sentencia en los medios de comunicación aunque pudiera ser desestimada?.
Según la ley la prisión provisional es una medida cautelar por la que el imputado o acusado de un delito es obligado a ingresar en prisión de forma inmediata hasta que se revise su situación durante la instrucción. Con ello se trata de evitar un posible riesgo de fuga, o que el reo pueda destruir pruebas o acometer otros hechos delictivos. También existe la prisión provisional eludible bajo fianza. Sin embargo aunque pueda parecer sorprendente, ésta no siempre puede ser costeada por el reo, y en otros casos, aunque disponga de medios económicos, la vistilla puede llegar a terminar cuando los bancos están cerrados, o bien el reo puede no contar con los recursos a mano entrando en la cárcel de forma inmediata. Este hecho convierte automáticamente la prisión eludible bajo fianza en prisión. Por eso entendemos que se debe dar un plazo razonable para que el imputado y sus familiares puedan reunir las garantías necesarias para evitar este final.
La prisión provisional debería ser una medida excepcional. Este es un caso de reflexión que debería procederse en los llamados delitos económicos y financieros, como el reciente Caso Blesa. Casos de corrupción que han creado una enorme alarma social y en los que lo más importante es recuperar la totalidad del dinero, antes que propiciar el inmediato ingreso en prisión del reo. Y si éste no cuenta con dinero contante y sonante, la medida preventiva adecuada sería embargar todos sus bienes incluyendo levantar el velo de cualquier sociedad que sirva para guardar el dinero defraudado, y que la administración de esos bienes o de las sociedades detentadoras de éstos, sean administradas judicialmente. Es decir que el reo no tenga influencia en las decisiones de gestión de su patrimonio.
Hace falta una justicia más rápida y ágil que ayude a restituir a la sociedad lo que ha sido defraudado. Más teniendo en cuenta el grave estado de crisis en el que nos encontramos. Por poner un ejemplo, el conocido fraude piramidal de Bernard Madoff se solventó en tan sólo seis meses. Un "Madoff español" habría tardado hasta siete años en tener en sus manos la sentencia. Y lo que es más probable, no habría llegado a devolver la totalidad de sus deudas.
Es por ello que creemos que la prisión debería ser la alternativa a devolver el dinero. Estamos convencidos de que si las alternativas fueran la prisión o devolución con intereses tanto de la administración desleal como de la apropiación de los bienes, muchos preferirían devolver el capital a entrar en prisión y de esta manera la sociedad se vería beneficiada.
