Ya lo decía el poeta y filósofo Emerson Ralph Waldo: "El dinero a veces resulta demasiado caro", y lo decía en pleno siglo XIX. Se ve que las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Suponemos que Waldo estaría pensando en los préstamos bancarios y en el hecho de que nadie da un avión por un duro.
El pasado 27 de mayo analizábamos en nuestro artículo LOS DESAHUCIOS EL TALÓN DE AQUILES DEL GOBIERNO, la responsabilidad que tienen los bancos en la concesión de las hipotecas y la necesidad de que compartan los riesgos con los clientes, ya que en todo negocio que se preste, el riesgo debe recaer en las dos partes, aunque una de ellas se llame "Banco".
Este miércoles les hablamos de la Cláusula Suelo como uno de los mayores engaños al que se han visto sometidos miles de prestatarios en nuestro país y un claro ejemplo de que cuando se negocia con una entidad bancaria, quien asume el riesgo final es el cliente cuando deben de compartirlo como en todo negocio.
Se lo explicaremos con un ejemplo: Imagínese que quiere pedir un préstamo hipotecario para comprar una vivienda. Su entidad bancaria se lo concede, pero la cláusula estipula que usted pagará mensualmente el valor del Euribor (el tipo de interés al que se conceden las hipotecas en España), más un diferencial que es el beneficio que obtiene el banco por su intervención en la hipoteca. Así en dinero contante y sonante usted pagaría el precio del Euribor, que durante el mes de junio está a 0,49% de media, más un 1% o un 1,50% de diferencial estipulado por la intermediación de la entidad. Todo ello haría un total de entre un 1,50% o un 2%. En las cláusulas de nuestra hipoteca se nos dice que en caso de que el Euribor baje y se ponga por debajo del 4% (el suelo de la cláusula) la propia entidad se embolsará directamente ese diferencial de entre 1 punto y medio y 2. El engaño radica en que mes a mes el Euribor va bajando mientras que el Banco Central Europeo continúa imponiendo una senda descendente en sus tipos de interés. El fin de estas bajadas es que el crédito llegue a empresas y consumidores para así estimular la demanda interna, sin embargo los ciudadanos somos los más perjudicados mientras que los bancos incrementan sus cuentas. Ésto es absolutamente aberrante puesto que existe un pacto por el cual la entidad bancaria estipula el margen que quiere obtener de ese crédito durante su vigencia.
Para el 90% de los hipotecados estos créditos son casi de adhesión. Los clientes que firman este tipo de contratos se encuentran con enormes dificultades jurídicas en su lectura, unidas a la celeridad con la que firman el contrato e incluso la propia obstinación por disponer del crédito con el que podrán comprar el piso y que les lleva a firmar sin leer en profundidad las verdaderas condiciones y sin entender lo que significa la cláusula suelo.
Después de mucha lucha en los tribunales, el Supremo se ha posicionado a favor de los prestatarios confirmando la sentencia de 1ª y 2ª Instancia de Juzgados y Audiencias. El Tribunal entiende que estas cláusulas son abusivas si no se explica diligentemente su contenido en el momento de la firma de la hipoteca. Y aclara que no es suficiente la mera lectura del notario, porque hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos estamos ante personas con ansiedad de comprar y desconocimiento de lo que significan los pormenores del contrato. Ésto se enmascara con un techo máximo para una hipotética subida del Euribor que podría estimarse entre el 8% y el 12% prometiendo a los clientes que una vez rebasada esta tasa no aumentará su hipoteca. Sería más fácil, teniendo en cuenta el valor actual del tipo de interés, que una civilización terrícola poblara Marte a que esta situación se produjera, por lo que consideramos que es claramente abusivo y engañoso porque no parece probable llegar a los tipos de interés de principios de los años 80 después de la segunda crisis del petroleo.
El Tribunal Supremo nos da la razón y afirma que debe haber una correspondencia entre el suelo y el techo de este tipo de contratos. En la actualidad y vistos los numerosos casos que nos llegan, estamos en disposición de decir que nos encontramos ante una práctica engañosa. La mayor parte de las entidades bancarias han hecho oídos sordos a las advertencias del Supremo, y continúan adelante con su política de cláusulas abusivas. Nuestras entidades pretenden que cada uno de los afectados vayan a hacer una demanda al Juzgado de 1ª Instancia, que pase la audiencia y llegue hasta el Tribunal Supremo para obtener la modificación de esta cláusula suelo. Es decir que el afectado pague 300 euros de tasas más el 0,01% del valor de la reclamación, más el coste del abogado y el procurador. De esta manera se asegurarían de que miles de españoles que viven ahogados para llegar a fin de mes no puedan acudir a la tutelas de los Tribunales. Estas entidades bancarias que "trafican" con la cláusula suelo no quieren aceptar su modificación aludiendo que en todo momento han obrado con claridad y transparencia.
La actitud de los bancos no deja de ser un acto de prepotencia. Conocedores de la sentencia del Supremo, continúan perjudicando y enriqueciéndose a costa de cientos de miles de españoles que han ayudado con sus impuestos a hacer frente a las deudas financieras de una banca que sólo mira por su interés.
No deja de ser una postura y un desafío frente a la sociedad y un acto totalmente falto de ética y decoro, realizado a sabiendas de la falta de recursos que tienen miles de españoles. Una falta de liquidez a la que ellos mismos han contribuido restringiendo el crédito y aprovechándose de la lentitud de nuestro sistema judicial, así como del "coto inexpugnable" que significa la Ley de Tasas.
La sociedad española no puede consentir bajo ningún concepto que unos bancos que en sí mismos son sólo una ficha concedida por el Banco de España, y sabiendo la ilicitud de sus cláusulas, las sigan manteniendo en provecho de ellos. La única solución que se nos ocurre sería que les quitaran las cuentas y los depósitos a esos bancos PREPOTENTES, DESAFIANTES Y ARROGANTES y se las dieran a las entidades que sí han aceptado, aunque sea a la fuerza, la sentencia del Tribunal Supremo.
Este dictamen viene cargado de polémica. Se ha llegado a decir que es una sentencia favorable a los intereses de la banca en cuanto a que no se pide la devolución del dinero percibido ilícitamente, pero lo cierto es que no se pidió esa devolución. Pero hace un par de semanas dos jueces, una de Orense y otra de Málaga desafiaron al mismísimo Supremo desoyendo su jurisprudencia y entendiendo que la Ley está por encima de ella, amparándose en lo dispuesto en el artículo 1303 del Código Civil que establece que "declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio de los intereses" y el Principio de Seguridad Jurídica contenido en el artículo 9.3 de la Constitución Española que establece que "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". Ambas jueces llegaron a las entidades bancarias a devolver la suma de dinero correspondiente a la aplicación de la cláusula nula.
Vamos a esperar unos días a ver si estos bancos a los cuales no les importan los consumidores ni el sacrificio de la sociedad española, modifican su posición. De lo contrario habrá que dar los nombres y pedir a los consumidores que actúen en consecuencia no trabajando con ellos y retirando los depósitos y la cuentas bancarias y llevándoselas a aquellos que están cumpliendo aunque sea a la fuerza. Ese sin duda sería el mejor castigo.
Los bancos argumentan que podría quebrar el sistema financiero, pero la realidad es que si los accionistas y administradores han percibido unas cantidades por adelantado que eran ilícitas, hay que devolverlas. A los accionistas les han adelantado un dinero que no tenían que haberlo cobrado vía dividendos, ahora tendrían que descontarlo. Si pedimos a los bancos que devuelvan el dinero como han hecho las dos jueces de Orense y Málaga, estamos seguros que no repercutiría en el sistema financiero, si no en los accionistas. El riesgo así sería equilibrado. Seguimos manteniendo que los bancos son un negocio y no una ONG pero esos beneficios deben ser obtenidos de una manera lícita y sin abuso a los consumidores y clientes.
