DESAHUCIOS, EL TALÓN DE AQUILES DEL GOBIERNO

"Al comprar una casa, piensa en el vecino que adquirirás con ella", un refrán popular que tiene mucha razón, sólo que a veces no hay que mirar a los que viven con nosotros puerta con puerta, si no a un vecino algo más incómodo, con el que mantendremos una relación casi matrimonial de a veces engaño: nuestra entidad bancaria y la hipoteca. Una relación que en los últimos años está siendo uno de los talones de Aquiles de nuestra política económica.
Los datos son más que alarmantes. La crisis económica y el desempleo han llevado a que el pasado año casi 40.000 familias tuvieran que entregar sus casas a los bancos por no poder hacer frente a sus hipotecas. Según datos del Banco de España, 20.972 viviendas fueron entregadas de forma voluntaria, en el resto de casos intermedió una orden judicial de desahucio. Parecen sólo números pero esconden tras ellos la historia de miles de familias que un buen día tuvieron que entregar "al incómodo vecino" su vivienda habitual. Una dolorosa situación que afrontan las familias, pero ¿qué pasa con los bancos? ¿no tendrían también ellos parte de responsabilidad?

En la actualidad las entidades bancarias no responden de la misma manera, y eso a pesar de que muchas veces los desahucios se deben a errores cometidos con anterioridad por el analista que llegó a otorgar un crédito hipotecario a quienes no tenían capacidad para afrontarlo. De hecho muchos de estos créditos otorgados en su mayoría por las cajas de ahorros llegaron a concederse de forma negligente buscando trucos como el aportar imposibles avales cruzados que fingían aparentar una solvencia que no existía. Y la realidad es que el error no es solo del deudor si no del banco que no actuó de forma diligente. En su mayoría Cajas de Ahorros cuya política ha llevado a la desaparición de muchas de ellas y a otras a ser recapitalizadas mediante impuestos de los contribuyentes. Esto sucedía porque en muchas ocasiones el crédito hipotecario era superior al valor del inmueble y mediante una tasación más alta se permitía conceder créditos al consumo, de tal manera que cuando comprabas una casa, además el banco te financiaba el IVA, el coche, la tarjeta de crédito y hasta un viaje al Caribe. ¿Y estos bancos que hicieron estas prácticas pueden exigir al deudor que responda por su obrar negligente? ¿No sería también responsable el analista y el director de la sucursal?. Y ya no decimos en los grandes créditos la responsabilidad de los gestores. Y sin embargo al final los que responden son los deudores que estimulados por la avaricia de los banqueros bancarios les llevaban a pedir un dinero que en muchos casos no necesitaban. Y como decimos, el cobrador siempre llama dos veces.
La realidad es que el banco también es un inversor y el desahucio significa el fracaso de un negocio en común entre el prestatario y el prestamista que invirtió dinero. De hecho hasta ahora, la tasación del inmueble se llevaba a cabo por una compañía indicada por la entidad. Si a esto le añadimos la ya de por sí complejidad de las cláusulas y de las fórmulas de los contratos hipotecarios, nos lleva a considerar que también debería existir responsabilidad bancaria.

Las inversiones fallidas de la entidad se derivan en un perjuicio para los accionistas porque sus acciones se devalúan. Y este perjuicio económico se deriva a su vez a los contribuyentes que son los paganos de una gestión en la cual no han participado. Por tanto la responsabilidad del banco también debería ser en perjuicio de los propios accionistas tanto de los pequeños como los grandes. Y por supuesto, de aquellos que han prestado dinero a los bancos o cajas mal gestionados, por ejemplo, inversores del Norte de Europa que prestaban fácilmente ante la alegría de obtener unos buenos intereses.
Consideramos por tanto que en estos casos debería aplicarse el llamado "Concurso de acreedores", un procedimiento legal según el cual se buscaría que todos participasen en las pérdidas de manera igualitaria. Esta figura jurídica protegería a los más débiles y perjudicaría a aquellos que han especulado y han sido responsables de la mala gestión, como los administradores de la sociedad o sociedades relacionadas con el concursado, y sobre todo los que han prestado al banco dinero alegremente.

El pasado día 15 de mayo entró en vigor la reforma de la Ley hipotecaria. Aunque se ha quedado corta, entre sus novedades amplia de uno a tres meses el número de cuotas impagadas para solicitar la ejecución hipotecaria. También pone coto a los intereses de demora. En la anterior ley podían llegar a alcanzar el 29%, una tasa que hacía muy difícil su pago teniendo en cuenta que el precio del dinero se encuentra al 4%.
Existe sin embargo otra posibilidad a la que podían acogerse los usuarios y es la llamada "Ley Azcárate" fechada en 1908, que perseguía la usura. Esta normativa todavía está vigente pero casi ningún juez la aplica. Sólo en su artículo 1 dispone que "Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino". Hemos tenido que acudir al Tribunal Europeo de Justicia, para que dicte una sentencia sobre las cláusulas leoninas cuando hace más de cien años nuestros legisladores lo habían desarrollado. Esta vez no podemos dar el grito de Unamuno "¡que inventen ellos!" porque en este caso particular nosotros ya lo habíamos hecho con antelación. Y nos preguntamos: ¿por qué no se ha aplicado esta ley durante estos años cuando sigue vigente y no ha sido derogada? Ya hace un siglo nuestro gobierno pensaba que había que poner límite a los abusos de los prestatarios sobre los prestamistas, pero ni siquiera hoy en pleno siglo veintiuno, se ha logrado erradicar. Parece ser que nuestros gobernantes del siglo pasado tenían más sensibilidad social que los que les han sucedido.
Todos conocemos y sabemos lo difícil que es obtener una hipoteca y la tediosa e innumerable documentación que hay que entregar. Además las hipotecas son contratos de adhesión que no son controlables entre el hipotecado y el banco. Es por ello que muchas veces se llegan a firmar documentos sin saber realmente lo que estamos rubricando.

El movimiento social derivado del incremento de los desahucios, ha conseguido agitar las conciencias de los españoles respecto al comportamiento de las entidades bancarias con los ciudadanos, y ha motivado la creación esta nueva Ley Hipotecaria. Aunque contiene algunas ventajas, consideramos que es insuficiente para proteger a los consumidores y a quienes realmente lo necesitan.
El agitador social es una figura necesaria en estos tiempos, aunque podamos o no compartir su programa y en nuestro caso estemos en las antípodas ideológicas. Porque sin ellos estaríamos todavía con la abusiva "Cláusula suelo", y con los intereses leoninos.
El conocido Profesor Jorge Verstrynge participa en los movimientos sociales de forma generosa y desinteresada, porque entiende que hay que hacer un llamamiento a la sociedad española para que termine la sangría de las hipotecas donde el perjudicado es el desalojado y el contribuyente pagano. Los acreedores nacionales o extranjeros demandan que ellos prestaron el dinero a cambio de un generoso beneficio que no quieren perder, si no que se les devuelva y por ellos exigen que los contribuyentes se hagan cargo de las deudas a cambio de que esas deudas se paguen mediante un préstamo proveniente de la Unión Europea, es decir, repartir las deudas entre todos para beneficiar a quien se ha equivocado.

La redacción de la nueva Ley hipotecaria ha venido precedida de enorme polémica. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau pidió ante el congreso la creación de una nueva ley mediante una iniciativa legislativa popular, que regulaba tres aspectos fundamentales: la dación en pago como fórmula para extinguir la deuda hipotecaria, la moratoria de todos los desahucios por ejecución hipotecaria de viviendas habituales y ampliar el alquiler social de las viviendas en manos de las entidades bancarias. No podemos compartir su opinión en su totalidad porque cuando se desahucia a alguien es un fracaso de la sociedad incluyendo al banco, pero si se presta y no se devuelve hay que conjugar los dos factores: primero el social y el deseo de que nadie pueda ser expulsado de su casa a no ser que medien casos extremos, y segundo que los accionistas de los bancos no pierdan su dinero invertido en acciones, pues los rendimientos de éstas sirven como fondos de pensiones de mucha gente que ha ahorrado su dinero durante toda su vida para pagar las universidades o los colegios de sus hijos o de sus nietos, comprar una vivienda o tener una mejor calidad de vida en la vejez.

Es por ello que consideramos necesario conjugar el libre mercado, beneficiar al accionista y proteger al más débil pero no al más caradura, sin olvidar que quien invierte también quiere ser remunerado, y hay pequeños ahorradores que también tienen que tener voz y presencia.
¿Están de acuerdo en la creación de una nueva ley hipotecaria? ¿Consideran que haría falta una reforma de mayor calado?

INYECCIONES ECONÓMICAS DE EFECTO PLACEBO

Volatilidad en las bolsas y dudas, muchas dudas en los mercados, tras la comparecencia del Presidente de la Reserva Federal Bern Bernanke ante el Congreso de Estados Unidos. Bernanke, vino, vio, y más que vencer como Julio César, trató de sembrar paz a unos mercados que este jueves bailan la danza de los números rojos ante las dudas de hasta cuándo prolongará la institución su inyección de liquidez. Por el momento, la Reserva Federal seguirá administrando su medicinas en forma de 85.000 millones de dólares al mes destinados a la compra de bonos, hasta que las tasas de desempleo lleguen a alcanzar el 6,5%. Un porcentaje que parece hacerse de rogar, ya que la tasa de paro no baja este año del 7,5%.
La economía estadounidense mejora, sí. Los últimos datos hablan de la creación este mes de 200.000 puestos de trabajo. Sin embargo el paciente aun convalece. El propósito de mantener la inflación en el 2% queda aún lejos, y la economía crece a un ritmo más que moderado. Sólo en el primer trimestre ha alcanzado el 2,5%. Un pequeño oasis al que se han agarrado algunos colegas de Bernanke que piden que el Banco Central estadounidense corte el grifo de la liquidez a partir del próximo junio, mes en el que se harán públicas las nuevas cifras de desempleo.

Al otro lado del charco, la situación no es que esté mucho mejor. Más bien peor. Nuestro país vive la situación más crítica de su historia. El triple equipo de justicieros de la Troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, campa por nuestro país para analizar las reformas económicas que se están llevando a cabo y comprobar in situ la reestructuración del sistema financiero. La visita de la Troika es necesaria, no sólo para dar luz verde al millonario rescate bancario de 100.000 millones de euros, si no para que los ciudadanos de a pié sepamos la realidad del estado de nuestras cuentas. Unas cifras que han sido en los últimos años tantas veces puestas en duda que hemos llegado a perder la confianza.

La inyección económica que aportan los mercados centrales no está siendo la panacea, pero está ayudando a que los mercados hagan frente a las deudas. Según los últimos datos nuestra deuda pública alcanza ya el 87,8% del producto interior bruto. Una cantidad que sería imposible afrontar sin la ayuda europea. Este balón de oxígeno sirve para calmar a los bancos y mercados, pero ¿qué pasa con las familias reales? ¿cómo nos afecta a nosotros y al estado de nuestra cuentas?. La realidad es que a efectos prácticos, nuestros bolsillos casi no lo están notando. Europa inyecta dinero, pero la economía continúa en recesión y aumentan las tasas de paro. Hoy casi tres de cada diez ciudadanos se encuentran en situación de desempleo y las economías reales ya no pueden más. Las familias, no notan en sus cuentas las millonarias sumas de dinero que vienen desde Europa. Los bolsillos cada vez cuentan con menos dinero, y hablar de ahorrar se convierte en una utopía. Sin embargo estas ayudas siguen siendo muy necesarias. Este agosto se cumplirán cinco años desde que Estados Unidos dio el primer signo de crisis con la caída de la bolsa de Nueva York. A pesar del tiempo, los mercados aun se encuentran convalecientes, por lo que una retirada a destiempo de los estímulos podría poner en serio peligro la recuperación económica de los países.
La política económica de inyectar capital ha creado una burbuja artificial donde la bolsas se benefician, se pintan de verde y tienen la sensación de riqueza, pero esta sensación es artificial. La enfermedad económica continúa. No basta con administrar medicamentos de efecto placebo. Es algo que en la práctica no sirve ya que al final la deuda está siendo tan grande que el cobrador, como decía la película, vuelve a llamarnos dos veces. Una para avisarnos del cobro, y otra para insistir en que tenemos que pagar porque seguimos aumentando nuestra deuda. La realidad es que hay que ir más allá, llegar más profundo y más lejos, y atacar en el corazón de la herida. Hay que cortar de raíz la causa de la enfermedad y que por fin las familias sientan como sus bolsillos vuelven a respirar. Lo importante es pagar las deudas pronto y ejecutar una reforma económica que incremente la economía, y llegue la liquidez a las familias.

¿PRISIÓN O DEVOLVER EL DINERO?

Ya lo decía el sabio filósofo Platón "Yo declaro que la justicia no es si no la conveniencia del más fuerte". Y decía bien. El discípulo de Sócrates podría haber descrito con esta frase la situación que se vive en la Justicia española. Una justicia, a veces injusta, que esconde bajo su venda unos ojos que parecen ver pero no mirar.
Aunque parezca sorprendente, dos mil años después hay casos en los que la ley sonríe al más fuerte. El pasado mes de abril, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz fue condenado a siete años de prisión por blanqueo de capitales continuado y cohecho pasivo. Los Tribunales dictaminaron su inmediato ingreso en la cárcel como medida preventiva, después de que la Fiscalía Anticorrupción considerase que el ex alcalde de Marbella podría fugarse por el número de procedimientos que tiene abiertos o volver a delinquir. Una medida extrema que se tomó inmediatamente después de conocer la sentencia. Ya en el año 2006 Julián Muñoz tuvo literalmente que ingresar en prisión "con lo puesto" sin contar con la posibilidad de eludir bajo fianza.
Al otro lado de la balanza, una conocida cadena de televisión española fue condenada hace unos meses a pagar 75.000 euros y a emitir la sentencia y su rotulación por escrito, por difundir unas imágenes del ex alcalde de Marbella que habían sido sustraídas y emitidas sin su consentimiento durante su detención. Estas imágenes fueron realizadas por la policía a exclusivos efectos de la ficha de antecedentes, es por ello que no podían ver la luz. En la sentencia, el juez se llegó a cuestionar cómo pudieron llegar esas fotos a la cadena, teniendo en cuenta que pertenecían a la esfera de su intimidad y estaban custodiadas en comisaría por funcionarios públicos. Es por ello que el juez manifiesta en su sentencia que esto es un delito perseguible de oficio. A pesar de que intermediaron dos requerimientos judiciales la sentencia todavía no se ha llegado a emitir. Según manifiesta el Ministerio Fiscal en su último informe, la publicación podría haber causado un grave daño a la cadena si la sentencia se hubiese cumplido y hubiera acabado estimada la apelación.
Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es más valioso, los días de prisión que pueda pasar un reo sin tener todavía condena firme, o que se emita una sentencia en los medios de comunicación aunque pudiera ser desestimada?.

Según la ley la prisión provisional es una medida cautelar por la que el imputado o acusado de un delito es obligado a ingresar en prisión de forma inmediata hasta que se revise su situación durante la instrucción. Con ello se trata de evitar un posible riesgo de fuga, o que el reo pueda destruir pruebas o acometer otros hechos delictivos. También existe la prisión provisional eludible bajo fianza. Sin embargo aunque pueda parecer sorprendente, ésta no siempre puede ser costeada por el reo, y en otros casos, aunque disponga de medios económicos, la vistilla puede llegar a terminar cuando los bancos están cerrados, o bien el reo puede no contar con los recursos a mano entrando en la cárcel de forma inmediata. Este hecho convierte automáticamente la prisión eludible bajo fianza en prisión. Por eso entendemos que se debe dar un plazo razonable para que el imputado y sus familiares puedan reunir las garantías necesarias para evitar este final.

La prisión provisional debería ser una medida excepcional. Este es un caso de reflexión que debería procederse en los llamados delitos económicos y financieros, como el reciente Caso Blesa. Casos de corrupción que han creado una enorme alarma social y en los que lo más importante es recuperar la totalidad del dinero, antes que propiciar el inmediato ingreso en prisión del reo. Y si éste no cuenta con dinero contante y sonante, la medida preventiva adecuada sería embargar todos sus bienes incluyendo levantar el velo de cualquier sociedad que sirva para guardar el dinero defraudado, y que la administración de esos bienes o de las sociedades detentadoras de éstos, sean administradas judicialmente. Es decir que el reo no tenga influencia en las decisiones de gestión de su patrimonio.
Hace falta una justicia más rápida y ágil que ayude a restituir a la sociedad lo que ha sido defraudado. Más teniendo en cuenta el grave estado de crisis en el que nos encontramos. Por poner un ejemplo, el conocido fraude piramidal de Bernard Madoff se solventó en tan sólo seis meses. Un "Madoff español" habría tardado hasta siete años en tener en sus manos la sentencia. Y lo que es más probable, no habría llegado a devolver la totalidad de sus deudas.
Es por ello que creemos que la prisión debería ser la alternativa a devolver el dinero. Estamos convencidos de que si las alternativas fueran la prisión o devolución con intereses tanto de la administración desleal como de la apropiación de los bienes, muchos preferirían devolver el capital a entrar en prisión y de esta manera la sociedad se vería beneficiada.